Eduardo Gaona, diputado de Movimiento Ciudadano, impulsa la creación de una unidad especializada en la investigación de delitos contra adultos mayores. La propuesta busca modificar la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) para proteger a este grupo vulnerable.

Esta nueva unidad de investigación contra el maltrato a personas de la tercera edad, adscrita a la FGR, gozaría de autonomía operativa y administrativa. Su objetivo principal será investigar exhaustivamente casos de agresión física, abuso económico y patrimonial, daño emocional y negligencia. También se encargaría de delitos relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la explotación de adultos mayores.

Según Gaona, datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) revelan que cerca del 31% de los adultos mayores en México han sufrido alguna forma de abuso, principalmente de tipo emocional, financiero y físico. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha documentado un aumento en las denuncias por abandono, despojo y maltrato familiar que afectan a este sector de la población.

“La etapa de la vejez, al ser una fase de creciente vulnerabilidad, requiere acciones gubernamentales específicas que aseguren el acceso a la justicia, la compensación por daños y la prevención de delitos.”

Diputado Gaona denuncia la falta de protección a los adultos mayores

“Sin embargo, en la actualidad no existe una dependencia federal encargada específicamente de centralizar las investigaciones, la persecución y la cooperación entre organismos para enfrentar estos ilícitos”, indicó.

La Ley de la Fiscalía General de la República ya incluye diversas fiscalías especializadas, como las enfocadas en derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y delitos electorales. Gaona destaca que es crucial establecer una nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra Adultos Mayores para brindarles la protección que necesitan.

“El listado actual no incluye una entidad enfocada en la violencia hacia las personas mayores, lo que crea un vacío legal ante una situación que se agrava y se vuelve sistemática”, concluyó.