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Expulsiones de Migrantes Venezolanos: El Desafío Inesperado que Afecta la Política Migratoria
El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta un obstáculo significativo en su ambicioso plan de endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones. Un reciente informe de la Policía de Investigaciones (PDI) ha revelado que la expulsión de aproximadamente 6.000 ciudadanos venezolanos es, actualmente, “imposible”. Esta situación pone de manifiesto las limitaciones estructurales de una de las promesas clave de la actual administración.
La principal razón detrás de esta complicación es la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela.
¿Por Qué No Se Pueden Expulsar a 6 Mil Venezolanos?
El debate sobre el control migratorio se intensificó en la comisión de Gobierno del Senado, donde avanza rápidamente un proyecto de ley para tipificar como delito el ingreso clandestino al país. Presentada en 2022, esta iniciativa se encuentra en un momento crucial: su votación general en sala está cerca, y la presión por obtener resultados concretos es alta.
En este contexto, el Prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, expuso las trabas fundamentales para concretar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación irregular en Chile. "No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan", señaló León. Añadió que las expulsiones hacia Caracas están congeladas desde junio de 2025.
La cifra es considerable: cerca de 6.000 deportaciones pendientes hacia Venezuela fueron confirmadas por León ante la senadora Danisa Astudillo. Este escenario genera gran controversia, ya que una parte importante de las órdenes de expulsión en Chile corresponde a personas de esta nacionalidad, creando un cuello de botella estructural para la política migratoria chilena.
Altos Costos Operativos y Barreras Diplomáticas Dificultan el Plan de Expulsión
Esta problemática ya se hizo evidente la semana pasada. El gobierno ejecutó su primer vuelo de expulsión, trasladando a 40 personas —principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos—, pero sin incluir a ciudadanos venezolanos, a pesar de su notoria presencia en el territorio nacional.
Sin embargo, las dificultades trascienden lo puramente diplomático, abarcando también aspectos operativos y económicos.
Se estima que en Chile residen alrededor de 300.000 migrantes en situación irregular. Cada operativo de expulsión implica costos logísticos significativos, que incluyen traslados, escoltas policiales y coordinación internacional. Se calcula que el costo por persona ronda los 3 millones de pesos chilenos. Esta cifra, criticada por la oposición, cuestiona la viabilidad de implementar la política masiva de expulsiones prometida por el presidente Kast durante su campaña electoral.
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